Una más. Daiana Ayelén Garcia es el nombre de otra chica víctima de un femicidio que en las últimas semanas tomó repercusión mediática y que gracias a sus amigas y familiares agrupó bajo el reclamo de justica a colectivos y organizaciones sociales y feministas. Daiana se suma a una lista que solamente en lo que va de 2015 lleva nombres de otras mujeres como Lola Chomnalez, Romina Ríos y Andrea Belén Castana. Nombres que se conectan en las características de las víctimas así como en el móvil y modus operandi que utilizaron para asesinarlas. Si vemos las cifra de 2014 no hablamos ya de nombres sino de números, fueron 277 mujeres las asesinadas, de las cuales 39 habían realizado denuncias previas por violencia de género.
Ni una menos. Negar el avance en la visibilización y la existencia de algunas políticas públicas en materia de violencia de género es tan difícil como no reconocer el rol del movimiento de mujeres y de organizaciones sociales y políticas en esas conquistas. Sin embargo, la realidad muestra que aún sigue siendo enormemente limitado el accionar del Estado. La falta de presupuesto necesario para la efectiva implementación de la ley para prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género, garantizando los dispositivos necesarios para la contención y asistencia en casos de violencia, refugios y hogares, así como los obstáculos que se presentan al momento de la denuncia y los límites del accionar judicial, siguen siendo una deuda. Además, la tarea de desarticular discursos, prácticas, creencias y valores discriminatorios, es una tarea pública que debería asumirse desde el Estado en la formación de actores e instituciones sociales. Necesitamos políticas públicas con perspectiva de género, jerarquizadas presupuestariamente y con monitoreo permanente sobre su aplicación, además de estadísticas oficiales de violencia de género y femicidios en el país.
Sabemos. Que la violencia de género es una consecuencia de un sistema cultural, social y político que condena a las mujeres tan solo por ser mujeres, que es la estructura de una sociedad patriarcal la que nos ubica en un lugar de subordinación y discriminación y que eso mismo se entrelaza con la desquicia de una sociedad de consumo que nos deja en un catálogo como un objeto a ser usado, no es nuevo y está dicho. Sin embargo, ahí no termina la cosa.
No estamos solas, estamos organizadas. El reclamo al Estado y la denuncia contra el machismo se articulan en cada una de las iniciativas que se despliegan desde la militancia feminista, espacios colectivos de organización que habilitan el cuestionamiento y la construcción de alternativas, que alientan la desobediencia y potencian la autonomía, que politizan lo personal, y son muestra nítida y ejemplos concretos de que la realidad puede transformarse haciendo posible una sociedad distinta, más igualitaria y libre de violencia machista.
Por Victoria Caselles