Desde Socorristas en Red de Rosario presentamos una denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación por un nuevo caso de incumplimiento del protocolo de aborto no punible en un hospital de esa ciudad santafesina. Dialogamos con Pilar Escalante, compañera de PATRIA GRANDE y Socorrista que acompañó el caso y promovió la denuncia.
– Cambio: Contanos cómo fue el caso y cómo se involucraron desde Socorristas en Red
– Pilar Escalante: En el mes de mayo de este año nos contacta a Socorristas V., una joven de 22 años con un retraso mental que había acudido al Hospital Provincial solicitando una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y había sido atendida por el Dr. Costas. En esa ocasión le son administradas pastillas de Oxaprost de una manera no adecuada (cuando es clara la administración correcta en todos los protocolos). Al fallar el proceso, como era esperado, V. vuelve al hospital donde le comunican que “ya no pueden hacer nada más”. Ante esta situación ella se comunica con nosotras que, atendiendo al hecho de que la institución ya había estipulado que estábamos ante un caso inscripto en las ILE, decidimos acompañarla y exigir que se realice la práctica.
Aquí comienza un derrotero de idas y vueltas hasta que nos dan un turno para que V. concurra a una entrevista a la que, por pedido de ella, la acompañamos. Se da una entrevista totalmente informal, donde no se aborda integralmente la situación de salud y que en un momento las propias médicas del hospital sugieren: “Ustedes le consiguen las pastillas…”, desconociendo su obligación y las formas y medidas para realizar los pedidos medicamentosos.
Logramos que el hospital se haga cargo, y al día siguiente volvemos esperando que se realice la práctica como se debe. Por el avance del embarazo y pedido de la propia V. la interrupción se iba a dar en el hospital, internada, y no como proceso ambulatorio. Cuando finalmente se la admite (luego de horas de espera en los pasillos hospitalarios nuevamente) la internan en la sala de maternidad, generando una situación de por sí violenta y desconsiderada al momento que atravesaba y su bienestar.
Aquí se da una de las cuestiones más graves que denunciamos: en lugar de seguir las indicaciones de los protocolos y guías, se le administra una medicación que en ningún lugar está indicada para interrumpir un embarazo, generando un fuertísimo dolor, ante lo cual además se le indica analgesia insuficiente.
C: ¿Por qué hicieron todo eso? ¿Es habitual que las mujeres sufran esas situaciones violentas cuando acuden a realizar un aborto enmarcado en la legislación vigente a un hospital?
PE: Esto es una aplicación de tormentos que leemos en clave “aleccionadora”, el personal médico conoce los efectos de esta medicación y lo que iba a provocar. Si no lo saben son unos burros, si lo saben, unos forros.
C: ¿Y cómo siguió la atención desde ese momento? ¿Vivió más situaciones de violencia?
PE: Entre las situaciones más resonantes están, además de esta primera intervención de Costas en la que nosotras no estuvimos, las dilaciones que se sucedían en la atención de V. , entrevistas con médicas del hospital que cuestionaban sus decisiones, impugnando su autonomía, violentando su capacidad de ejercer derechos. Además nunca se ingresaban estas intervenciones en la Historia Clínica. Se quiso en un momento hasta realizar una ligadura tubaria sin el consentimiento de la mujer, develando un enfoque de desconocimiento de la autonomía y las decisiones de V. Prácticamente sonaba como si hablasen de castrar una perra, terrible.
C: ¿Cómo se llega a la decisión de presentar una denuncia y cuál es su importancia?
PE: Además del caso puntual y de la necesidad de responsabilizar a quienes vulneraron los derechos de V. y la expusieron a situaciones de dolor innecesarias, a vejaciones a su persona, hay que pensar en qué es lo que pasa con las mujeres que no acceden a tener el acompañamiento de organizaciones feministas como este caso. Parece que en nuestra provincia el poder ejercer nuestros derechos depende de la suerte que te toque en quién te atienda. Lo que necesitamos son decisiones políticas fuertes que garanticen que se cumplan los protocolos vigentes. Esto es una clara muestra de la debilidad con la que se encaran algunas políticas públicas en materia de salud.
C: ¿Qué repercusiones hubo después de presentada la denuncia?
PE: En los últimos días han surgido declaraciones de los responsables del nodo Rosario de Salud sosteniendo que se va a investigar la situación y se tomarán las medidas necesarias para que se apliquen los protocolos vigentes. Esto es un avance para los derechos de las mujeres, que los responsables de garantizar las políticas públicas escuchen a las organizaciones sociales, que se empiecen a enterar de la cotidianeidad de las instituciones estatales. Pero no podemos dejar de marcar las responsabilidades políticas, hace años que nuestra provincia tiene protocolos de aborto no punible, y el conjunto de los funcionarios públicos deben conocer y cumplir esa ley.
Por Julia de Titto